Detuvieron a tres personas por las amenazas de bomba a estaciones de trenes, la Casa Rosada y el Congreso. Detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales arrestaron a los involucrados, quienes realizaron al menos 30 llamados amenazantes, varias de ellas contra jueces, funcionarios públicos y el búnker de Unión por la Patria.
Las detenciones se produjeron en el marco de una causa que tramita en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini. Fueron detectaros tras una investigación en la cual rastrearon las líneas telefónicas de los sospechosos que habían comprado por la deep web.
Al grupo se lo acusa de las recientes amenazas dirigidas a las estaciones de tren de las líneas Roca y Sarmiento y del subte porteño, las que produjeron pérdidas millonarias debido a la suspensión de los servicios, e incluso se los vincula con intimidaciones recibidas en el búnker del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, durante las últimas elecciones presidenciales, y por el juez Federal Ariel Lijo, quien se encontraba de turno.
Los arrestos se realizaron la noche del jueves en distintos domicilios del conurbano bonaerense, donde efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) trabajaron bajo las órdenes del juez Ercolini.
Uno de los detenidos fue identificado como Facundo Maximiliano Martínez (18), hijo de un sargento retirado de la policía bonaerense y hermano de una integrante de la Policía de la Ciudad, quien fue apresado en la localidad bonaerense de Llavallol, acusado de integrar el grupo que se hacía llamar "La mafia del Hentai", en alusión a un animé japonés porno, junto con los otros dos sospechosos, Matías Manuel Danco y Leandro Gonzalez.
Los tres permanecen alojados en la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, situada en Madariaga al 6900, del barrio porteño de Villa Lugano, donde aguardan ser trasladados a los tribunales federales de Retiro para ser indagados por Ercolini entre este viernes y el sábado, detallaron voceros judiciales a Télam.
La investigación
Los detectives expertos en comunicaciones de la PFA lograron establecer que las amenazas habían sido realizadas a través de varias líneas en común -que luego coincidieron con las empleadas en las intimidaciones contra las estaciones de trenes de esta semana-, las que pertenecían a la empresa Telecentro, que utiliza una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet.
Las fuentes explicaron que una parte de los acusados se dedicaba a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas en el mercado negro de la "Deep Web".
Allí, uno de los sospechosos adquiría las líneas fraudulentas a nombre de terceros y las utilizaba redes wifi públicas para realizar los llamados intimidatorios y evitar de esa manera ser rastreado.
No obstante, los detectives lograron establecer la existencia de algunos patrones comunes de conexión y, mediante múltiples intervenciones telefónicas realizadas en tiempo real, los identificaron y localizaron.